El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y dirigente del Frente Renovador, Diego Molea, reclamó un debate abierto del Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal. “Siguen cometiendo el error de no debatir. Leemos y escuchamos declaraciones en los medios de algo que no conocemos. No queremos que pase lo mismo que con los proyectos anteriores. Queremos discutir la letra chica, y transmitir a la sociedad que los hechos de corrupción no van a tener un tratamiento más benévolo y que los delitos contra la administración pública no se podrán anular”, expresó.
Ante un cambio de paradigma institucional que modifique de manera total el sistema de enjuiciamiento, Molea se mostró a favor de un sistema acusatorio aunque resaltó que “es necesario que la reforma sea llevada a cabo en forma mesurada y consensuada, analizando en profundidad cada uno de los ejes sobre los que habrá de encaminarse”.
“A la comunidad jurídica, a la comunidad académica y a la sociedad en general seguramente le interesaría conocer con antelación cuáles son los cambios que se proponen. Lamentablemente hoy no tenemos el anteproyecto para discutirlo con el tiempo y la seriedad que se merece”, explicó, quien también es Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y Consejero de la Magistratura bonaerense.
El dirigente del Frente Renovador también adelantó que “el nuevo Código debe impedir que el imputado pueda presentar su declaración por escrito”. “Esto claramente obstaculiza la investigación, facilitando a quien está sospechado de participar de un hecho delictivo a eludir el accionar judicial, favoreciendo su impunidad”, señaló, al tiempo que aclaró que “de lo contrario, se atentaría contra los principios básicos del sistema acusatorio”.
Al referirse a la modificación de los plazos procesales que se plantearían, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que “es indiscutible que los procedimientos penales resultan extremadamente largos, pero también lo es que hay causas que necesitan tiempo razonable para su tratamiento”, y señaló que “también es necesario analizar con detenimiento la definición de los plazos previstos para que una aprehensión se transforme en detención y el dictado de una prisión preventiva, como así también el régimen de excarcelaciones que ha de regular el nuevo Código”.
Por otro lado, el especialista en temas judiciales aseguró que “cualquier anteproyecto deberá tener en cuenta a la figura de flagrancia, ampliamente incorporada y difundida en los códigos procedimentales modernos, que permitirá efectivamente la instauración de procedimientos más breves y eficaces”.
Molea también sostuvo que “es necesario que en la iniciativa se consideren plazos especiales para aquellas causas complejas en las cuales se sabe que es imposible cumplir con la instrucción en los tiempos planteados”, y sostuvo que en este ítem deberían quedar enmarcadas, por ejemplo, “las investigaciones a funcionarios públicos”.
En ese sentido, afirmó que “la decisión de aplicar estos plazos especiales debe ser facultad de los fiscales”, y aseguró que si con la reforma se “intentan dictar sobreseimientos por el mero transcurso del tiempo, nosotros estaremos en desacuerdo, el proceso debe tener un tiempo razonable para probar la existencia de un delito y la autoría o responsabilidad del imputado”, y completó: “No podemos permitir que bajo el argumento del paso del tiempo, queden libres autores de hechos graves o de corrupción”.
Por último, Molea subrayó que “nadie pone en duda que el Código debe modificarse. Pero debe priorizarse la incorporación de artículos especiales vinculados a la violencia de género, violencia familiar y la trata de personas, que recojan las recomendaciones que ha ido efectuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuración, como la imposibilidad de aplicar una suspensión de juicio a prueba en los supuestos de violencia de género y la recepción del testimonio de las víctimas de trata con cámara gesell”.