En el marco de una compleja investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional orientada a combatir el crimen organizado en todas sus formas, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), secuestraron miles de kilos de materiales ferrosos como baterías de autos y aluminio, perteneciente a una banda de empresarios argentinos ya desarticulada que contrabandeaba dichos elementos para luego lavar dinero en cuevas financieras.
La investigación se originó a partir de un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto”, instruida en septiembre de 2023, vinculada a cuevas financieras y al lavado de dinero de organizaciones criminales con base en Brasil. En ese contexto, la declaración de un imputado colaborador (en el marco de la Ley 27.304, conocida como Ley del Arrepentido), aportó información relevante sobre un grupo de empresarios argentinos que realizaban operaciones de contrabando de materiales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando Bolivia y Paraguay como países de tránsito.
En consecuencia y con el total de la información obtenida por los efectivos del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA, se efectuaron 20 allanamientos realizados entre julio y agosto del corriente año donde fueron detenidas nueve personas y el secuestro de 4.495.419 dólares estadounidenses, 473.722.770 pesos argentinos, 124.585 euros, 76.042 reales y 44.090 USDT (criptoactivos estables). Además, se secuestraron dos pistolas con 94 cartuchos, 19 teléfonos celulares, un camión, siete camionetas, ocho automóviles, tres motocicletas, catorce computadoras, veintisiete pendrives, una billetera física tipo Bitcoin, cuatro máquinas contadoras de billetes y diversos elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que, de acuerdo con los datos obtenidos por los especialistas, uno de los investigados habría efectuado entre 2021 y 2025 un total de 425 operaciones con criptoactivos, por un monto superior a 21 millones de USDT.
Posteriormente y como desprendimiento de dicho operativo, debido a su importancia y envergadura, los efectivos federales continuaron con las investigaciones por orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaria N°1, a cargo de la Dra. Agustina Deus.
Del análisis de uno de los teléfonos secuestrados, perteneciente a uno de los detenidos junto con las tareas investigativas que se vienen realizando, se estableció que en la provincia de Misiones más precisamente en las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú, existían dos galpones en los cuales uno de los detenidos hacía llegar desde Buenos Aires hasta allí el material ferroso, para luego sacarlo por pasos clandestinos hacia Brasil y Paraguay, para así seguir con su cadena de contrabando transnacional y posterior lavado de activos mediante el uso de criptoactivos y financieras internacionales.
Asimismo, se identificó a un matrimonio que reside en la Ciudad de San Pedro, quienes resultaron ser los encargados del depósito ubicado en la Bernardo de Irigoyen, mientras que el responsable del depósito de Puerto Iguazú, sería un ciudadano paraguayo.
Como resultado de los tres allanamientos realizados en los galpones de dichas ciudades, se secuestraron alrededor de nueve mil kilos de baterías de automóviles (cantidad estimativa 1000 unidades), alrededor de mil quinientos kilos de chatarra compactada rectangular (botellas de aluminio), documentación correspondiente a ocho tickets/facturas sobre operaciones vinculadas a las actividades de compra y traslado de baterías, cuatro vehículos, un teléfono celular, 122 mil pesos y documentación de interés para la causa.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.