En el marco de un complejo operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del DFI de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal dedicada a la comisión de estafas y fraudes informáticos mediante criptoactivos. La estructura captaba a sus víctimas con promesas de exorbitantes ganancias, simulando operaciones legítimas respaldadas por mercados financieros descentralizados. Como resultado de 57 allanamientos simultáneos, fueron detenidos 21 integrantes de la banda y se secuestraron más de 8 millones de criptodivisas, una suma cercana a los 60 millones de pesos, además de dólares estadounidenses, gran cantidad de dispositivos electrónicos y demás elementos de interés para la causa.
La investigación tuvo su origen a partir de múltiples denuncias vinculadas a maniobras fraudulentas relacionadas con el ofrecimiento de inversiones en criptoactivos a través de distintas plataformas digitales; una de ellas bajo las iniciales B.M, la cual resultó desarrollada y liderada por un sofisticado informático de origen asiático que, desde hace tiempo, se encuentra radicado en la República Argentina.
En todos los casos, las propuestas estaban acompañadas por promesas de importantes réditos económicos. A raíz de ello tomó intervención la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el Dr. Julio Marcelo Conte-Grand.
No obstante, debido a la magnitud de la maniobra investigada y su extensión territorial, el Procurador General solicitó la colaboración de la UFIJ N°4 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del Dr. Mario R. Pérez; la UFIJ N°6, la UFIJ N°2 y la UFIJ N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo de los Dres. Fabio Arcomano, Tomás G. O’Reilly y Francisco Broca, respectivamente; la UFIJ N°3 Especializada en la Investigación de Ciberdelito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Javier Gustavo Martínez; la UFIJ N°18 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Gustavo Diego Zorzano; la UFEIC del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Patricio Ferrari; la UFIJ N°8 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la Dra. Verónica Andrea Pérez; la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del Dr. Lisandro Masson; la UFIJ N°22 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Adrián Peiretti; y la UFIJ N°8 del Departamento Judicial de Junín, a cargo del Dr. Martín Hugo Laius.
Asimismo, debido a la vasta experiencia en el esclarecimiento de este tipo de delitos, desde la Procuración General se dispuso que la pesquisa quedara en manos de la División Delitos Tecnológicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. En ese contexto, los investigadores determinaron en una primera instancia que la organización poseía una estructura escalonada, con distintos niveles de funcionamiento, una clara división de tareas y un estricto control jerárquico interno.
Los federales utilizaron avanzadas técnicas de rastreo digital
En ese sentido, mediante la implementación de diversas tareas investigativas y de campo, sumadas a técnicas de rastreo de operaciones digitales utilizando tecnología de registros como la “blockchain” – sistema que permite almacenar información de manera segura, trazable e inalterable -, los detectives lograron identificar a un grupo de integrantes de la organización conocidos vulgarmente como “mulas” o “prestacuentas”. Estos sujetos se encargaban de efectuar transferencias hacia distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales con el objetivo de ocultar el origen de los activos obtenidos de manera ilícita.
Respecto del modus operandi, la organización creaba inicialmente falsas plataformas digitales destinadas a captar potenciales inversores. El ardid era desplegado mediante redes sociales, publicidad engañosa, aplicaciones de citas e incluso a través de contactos personales, utilizando un alto nivel de persuasión para inducir a las víctimas a transferir fondos cripto hacia billeteras virtuales controladas por los estafadores.
Asimismo, para consolidar la confianza de los damnificados, la banda simulaba ganancias iniciales ficticias y aplicaba maniobras fraudulentas de manipulación financiera conocidas como “Pump and Dump”. Mediante este mecanismo difundían información falsa para generar entusiasmo e inflar artificialmente el valor de determinados activos, para luego venderlos de manera masiva y provocar el desplome de su cotización.
Finalmente, los involucrados hacían desaparecer los fondos invertidos o directamente bloqueaban las cuentas de las víctimas, apropiándose de esos montos y desviándolos hacia otras billeteras virtuales con el propósito de dificultar su rastreo.
Con el total de las pruebas reunidas, las judicaturas intervinientes ordenaron la realización de 57 allanamientos: 45 en distintos puntos del AMBA (la mayoría de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y el resto en las localidades de San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo) y 12 en el interior del país; en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 21 personas involucradas en las maniobras ilícitas y se concretó el secuestro de USDT 8.017.000 (ocho millones diecisiete mil en criptodivisas), la suma de $57.759.477 (cincuenta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos argentinos), U$S 2.921 (dos mil novecientos veintiún dólares estadounidenses), 54 teléfonos celulares, 41 tarjetas de crédito y débito, nueve notebooks, cuatro CPU, tres tablets, ocho pendrives y un disco rígido.
Los aprehendidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la judicatura actuante, acusados por los delitos de estafa y fraude informático con criptoactivos, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.