El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires ratificó su posicionamiento en defensa de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad por unanimidad.
El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad (COPRODIS) realizó su tercera Asamblea Ordinaria con la participación virtual de los miembros del Consejo y presencial en el salón de actos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la participación de la subsecretaria de Políticas Sociales y presidenta del COPRODIS, Bernarda Meglia Vivares, y el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, para abordar la emergencia nacional en discapacidad y los desafíos que representa para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Meglia, quien tuvo a su cargo la apertura del encuentro, se refirió al aumento de la vulnerabilidad social y económica de las personas con discapacidad y sus grupos familiares. “En el Gobierno de la provincia de Buenos Aires seguimos soportando el destrato y las políticas regresivas que el Gobierno nacional lleva adelante”, sostuvo. Y lamentó la falta de quórum en la sesión del último jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que impidió el tratamiento de los dictámenes de mayoría y minoría vinculados con la emergencia nacional en discapacidad, entre ellos la propuesta de prorrogar la Ley 27.793 hasta diciembre de 2027.
Además de los representantes de organismos provinciales, de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, la asamblea contó con la participación virtual del diputado nacional Juan Marino que advirtió sobre el carácter regresivo del dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación ya que se realizó sin la participación del colectivo de personas con discapacidad.
Consultado sobre qué otras acciones se pueden realizar para frenar el ajuste en discapacidad, Marino insistió con la importancia de los reclamos judiciales a través de organizaciones de la sociedad civil y de personas con discapacidad. “La restitución de las pensiones ante las auditorías, la actualización del nomenclador, entre otras”, señaló Marino, son algunos de los puntos que se han empezado a cumplir mediante la vía judicial.
Finamente, agregó que el presupuesto nacional para el año 2027 continúa con la política de ajuste sobre dicho sector, por lo que los miembros del COPRODIS votaron por exigir la prórroga de la actual Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre del próximo año.
Mediante esta decisión, el Consejo reafirmó su solicitud a las diputadas y los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para que acompañen la prórroga de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, preservando los derechos, las prestaciones, las pensiones y los apoyos reconocidos. La nueva votación confirmó el acuerdo de las representaciones presentes y la continuidad de una posición colectiva frente a la situación que atraviesa el sector.
Durante el COPRODIS también realizaron presentaciones funcionarias del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en relación a las herramientas institucionales para favorecer el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, y del Ministerio de Seguridad provincial en materia de gestión de riesgo de desastres con perspectiva en discapacidad.
Como es habitual, las comisiones del órgano provincial presentaron sus informes de gestión, con los avances de sus respectivas agendas específicas y las acciones desarrolladas de manera colectiva. Se destacó el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para identificar barreras, elaborar propuestas y mejorar las respuestas de las políticas públicas en el territorio bonaerense.
De cara a la Cuarta Asamblea Ordinaria y al 20.º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a cumplirse el próximo 13 de diciembre, el COPRODIS evaluará los avances de gestión, la identificación de las responsabilidades pendientes y la definición de prioridades para el año próximo.
En este escenario, el Consejo reafirma su papel como espacio plural, diverso y participativo para la construcción de acuerdos y el trabajo conjunto, con una perspectiva de derechos humanos y el reconocimiento del protagonismo de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan sus vidas.