El director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral advierte que las fallas de los organismos de control, los conflictos de intereses y la falta de mecanismos preventivos debilitan la confianza pública. Además, analiza el escenario electoral de Brasil y las perspectivas políticas de Javier Milei.
El escándalo político y financiero que sacude a Paraguay expone debilidades estructurales en los sistemas de control de América Latina y reabre el debate sobre la relación entre el poder político, los intereses empresariales y la transparencia en la gestión pública.
Marcelo Bermolén, abogado especialista en transparencia y acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, advierte que la crisis paraguaya no constituye un episodio aislado, sino que refleja problemas institucionales que también atraviesan a la Argentina y a otros países de la región: “Las reglas se ponen a prueba cuando aplicarlas incomoda a quienes tienen poder. Eso es lo que tienen en común una supervisión bancaria, un control fronterizo y una reforma electoral”.
En este contexto, Bermolén ofrece una serie de claves para analizar la actualidad política e institucional:
La corrupción como problema estructural en América Latina. “El problema en Argentina, como en Paraguay y en muchos países de Latinoamérica, es que la corrupción es un fenómeno estructural”. El especialista sostiene que las irregularidades no responden únicamente a conductas individuales, sino también a la persistencia de instituciones débiles y mecanismos de control insuficientes.
De Ueno a San Fernando. La Argentina puede ayudar a establecer qué pasó. El senador paraguayo Eduardo Nakayama pidió colaboración para esclarecer un vuelo que, según su denuncia, habría llegado a Buenos Aires el día de la destitución de Santiago Peña. El supuesto traslado de dinero o documentación está pendiente de corroboración. El antecedente de Flávio Bolsonaro, cuyo paso por la Argentina sí fue confirmado, vuelve pertinente una misma exigencia ante hechos distintos. Los organismos argentinos deben poder explicar qué controles aplicaron y aportar a la Justicia los registros que correspondan. Las afinidades entre dirigentes no pueden decidir qué se documenta ni con quién se coopera.
Paraguay pudo destituir a un presidente. El control que más necesitaban los ahorristas era el anterior. La crisis financiera dejó al descubierto la incapacidad de los mecanismos de supervisión para detectar a tiempo el crecimiento de una entidad bancaria y los riesgos asociados a su funcionamiento. “Llegaron tarde los controles, fallaron las instituciones”, señala Bermolén. La respuesta del Congreso paraguayo muestra que el sistema pudo actuar una vez desatada la crisis. La supervisión bancaria se juega en otro momento: cuando todavía es posible controlar los riesgos y evaluar los posibles daños.
Cuando un empresario llega al poder, la primera prueba de ética pública es quién decide sobre sus intereses. La participación de funcionarios y autoridades financieras en estructuras vinculadas a la entidad cuestionada plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos de control y la necesidad de profundizar los mecanismos de prevención. “Cuando los empresarios llegan al poder se necesita una ética profundizada”. Esa exigencia tiene una traducción concreta. “Un conflicto de intereses se gestiona antes de tomar la decisión. Hay que declarar el vínculo, apartarse cuando corresponda y dejar constancia de quién decidió y con qué fundamentos. En Paraguay, la pregunta es si esas reglas funcionaron mientras el Estado colocaba fondos públicos y previsionales en Ueno”.
Una declaración patrimonial dice qué tiene un funcionario. También importa saber a quién conoce. En la Argentina, la discusión de ética pública alcanza a los vínculos que pueden quedar fuera de una declaración de bienes: antiguos socios, clientes, amigos o allegados con intereses en una decisión del Estado. La amistad o la relación profesional, por sí solas, dicen poco. La cuestión cambia cuando alguien de ese entorno obtiene un contrato, una autorización o un trato excepcional. Ahí la opacidad y la falta de información encubren que el vínculo existía, y cuando se hace evidente importa saber quién intervino y bajo qué condiciones se tomó la decisión.
Un organismo de control demuestra su independencia cuando todavía puede incomodar. La transparencia debe ser preventiva y no solamente reactiva. “La corrupción cambia de formas, pero lamentablemente cuando no hay controles va buscando grietas, se mete y se perpetúa”. Si pedir información, revisar una decisión o abrir una investigación se vuelve más fácil después de que un funcionario pierde respaldo, el problema está también en las condiciones bajo las cuales se ejerce el control. Los organismos deben poder hacer esas mismas cosas con el funcionario en ejercicio.
La corrupción se vuelve sistémica cuando el problema sobrevive a sus protagonistas. “El problema en Argentina, como en Paraguay y en muchos países de Latinoamérica, es que la corrupción es un fenómeno sistémico”. Los gobiernos cambian. Si quienes llegan encuentran las mismas facilidades para decidir sin dar explicaciones, y quienes deben controlarlos tropiezan con los mismos obstáculos, el recambio político deja intactas las condiciones que permitieron el abuso.
La confianza de los inversores también se mide por lo que ocurre cuando algo sale mal. “El impacto financiero directo sobre la Argentina podría ser limitado, pero el escándalo puede afectar la percepción de estabilidad institucional de Paraguay, un país que había sido presentado como un destino atractivo para inversiones argentinas. Para una persona que ahorró o invirtió en Paraguay, la calidad institucional se vuelve tangible cuando puede saber cuánto recuperará, en qué plazo y quién debe responder por las decisiones que comprometen sus fondos. La estabilidad que un país ofrece al inversor incluye la capacidad de dar esas respuestas en una crisis”.
En Brasil, el péndulo explica una parte de la elección. Lo que hacen ganadores y perdedores explica otra. El resultado electoral brasileño puede leerse como una señal de reconfiguración de las preferencias ciudadanas frente a gobiernos y propuestas ideológicas. “Yo creo que es un péndulo. En algún momento se inclina hacia la izquierda, en otro momento se había inclinado a la derecha. Creo que el péndulo está volviendo”. En Brasil, ese movimiento convivió con la continuidad del oficialismo. Después del voto empieza otra prueba. Quien pierde tiene la responsabilidad de reconocer el resultado. Quien gana debe preservar las reglas que hicieron posible su victoria, incluso cuando esas reglas protegen a sus adversarios.
El antecedente de Macri ayuda a leer a Milei. La reforma electoral permite medir al oficialismo con otra vara. Bermolén encuentra similitudes entre la experiencia política y económica actual y el gobierno de Cambiemos, especialmente en relación con las expectativas iniciales, el desempeño electoral y el posterior desgaste de la gestión. “Me parece que la experiencia que estamos transitando los argentinos se parece más a la de Mauricio Macri”. Un triunfo de medio término da respaldo, pero la ciudadanía vuelve a evaluar la economía y la gestión en la elección siguiente. mucho más cuando entre una elección y otra, el oficialismo puede intentar cambiar las condiciones de la competencia electoral. “Quitarle a los otros lo que yo tuve no parece ser el mejor camino”.
La ciudadanía puede retirar la confianza que dio en las urnas. El especialista sostiene que el futuro electoral del Gobierno estará condicionado por la evolución de la economía, la confianza pública y la percepción ciudadana sobre la gestión. “Yo no subestimo a la ciudadanía argentina. Los argentinos están bastante atentos y, en caso de disolución, de pérdida de confianza o de visualizar que las cosas no están por el camino adecuado, deciden cambiar. Y me parece que está bien que lo hagan”. La responsabilidad de quienes gobiernan es garantizar que, cuando llegue ese momento, la ciudadanía tenga información para evaluar la gestión y opciones reales entre las cuales elegir.